Vuelven las políticas de austeridad en América Latina y el Caribe.
Entre 2024 y 2025, América Latina y el Caribe atravesó una nueva fase de austeridad fiscal, impulsada por altos niveles de endeudamiento, mayores costos financieros y marcos institucionales cada vez más rígidos. Tras la pandemia, la política fiscal se ha reorientado de manera generalizada hacia la estabilización macroeconómica, priorizando el cumplimiento de reglas fiscales, metas de deuda y compromisos con acreedores, en un contexto de crecimiento débil, alta informalidad laboral y demandas sociales insatisfechas.
Este nuevo informe de Latindadd analiza esta dinámica en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica y El Salvador, y propone una categorización de los distintos tipos de austeridad fiscal observados en la región. En algunos países predomina una austeridad abrupta y regresiva, con recortes rápidos del gasto, retiro de subsidios y fuerte contracción del Estado social (como en Argentina o Ecuador).
En otros casos se observa una austeridad gradual o silenciosa, basada en reglas fiscales rígidas, congelamientos salariales, subejecución presupuestaria y deterioro progresivo de los servicios públicos, sin anuncios explícitos de ajuste (como en Costa Rica o Perú).
Finalmente, existen experiencias de austeridad selectiva, donde se protegen ciertos gastos estratégicos o compromisos financieros, mientras el ajuste se concentra en inversión pública y políticas sociales, como ocurre en distintos grados en Chile y El Salvador. Más allá de estas diferencias, el patrón común es que la consolidación fiscal se ha logrado principalmente por el lado del gasto, especialmente del gasto primario: salarios públicos, transferencias sociales, subsidios e inversión. Los ingresos públicos, en cambio, muestran un desempeño limitado y, en varios casos, descansan en estructuras tributarias regresivas que trasladan la carga del ajuste a los hogares. Esto ha reducido la capacidad de la política fiscal para actuar como amortiguador del ciclo económico y ha profundizado las brechas sociales y territoriales.
Los impactos sociales de la austeridad son visibles y acumulativos. El ajuste ha contribuido a la precarización del empleo, al deterioro del poder adquisitivo y a la crisis de servicios públicos esenciales como salud, educación y protección social. En contextos más críticos, estos efectos se combinan con aumentos de la pobreza, mayor violencia y debilitamiento institucional. Incluso donde el ajuste es menos visible, la erosión gradual de capacidades estatales termina afectando la cohesión social y la legitimidad del Estado.
El informe subraya que la austeridad no es un proceso técnicamente neutral, sino profundamente político. La percepción de que el costo del ajuste recae de forma desproporcionada sobre los sectores populares y medios, mientras se preservan intereses concentrados, ha alimentado descontento social, fragmentación política y tensiones democráticas. En varios países, este
malestar comienza a trasladarse al terreno electoral, reconfigurando el debate público sobre el rol del Estado y el sentido de la estabilidad macroeconómica.
Frente a este escenario, el informe propone una agenda alternativa basada en la justicia fiscal y social. Entre los principales lineamientos se destacan: la necesidad de reformas tributarias progresivas —nacionales e internacionales— que fortalezcan los ingresos estructurales; la revisión de reglas fiscales excesivamente rígidas, incorporando cláusulas de flexibilidad para proteger la inversión pública y el gasto social; el fortalecimiento de la inversión pública como motor de crecimiento y cohesión territorial; y una mayor participación democrática y transparencia en las decisiones fiscales. Asimismo, se resalta el rol de la sociedad civil y
de las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, campesinas y ambientalistas, en la construcción de propuestas que disputen el sentido del ajuste y promuevan modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.
En conjunto, el informe concluye que, sin un cambio en la orientación de la política fiscal, la austeridad corre el riesgo de consolidarse como un techo estructural al desarrollo, erosionando derechos, debilitando al Estado y generando inestabilidad social y política. La sostenibilidad fiscal de largo plazo no depende únicamente de balances contables, sino de la capacidad de las políticas públicas para sostener crecimiento, equidad y legitimidad democrática.
